"Son actos que lesionan los derechos de los chicos y deben poner en alerta a toda la sociedad", reflexionó Karina Leguizamón, titular del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Los femicidios dejaron sin madre a 3.158 niños y adolescentes en todo el país desde 2008 hasta el primer semestre de este año, es decir que en menos de una década casi todos los días algún chico quedó sin su mamá, asesinada en hechos de violencia de género, según cifras del Observatorio de Femicidios de la organización civil La Casa del Encuentro.
En el 63% de esos casos están involucrados menores de 18 años (2.012 niños y adolescentes), advirtió Ada Rico, quien preside esa ONG.
El femicidio es la última y más grave instancia de la violencia de género, casi siempre precedida por violencia doméstica, amenazas y maltratos en todas sus variantes, un círculo que suele tener cautivos durante “muchos años” a los hijos, quienes, aunque no reciban golpes, siempre resultan agredidos” por la situación que se vive en su casa y la victimización de su mamá, explicó Rico.
Este año, sólo en el primer semestre, 239 hijas e hijos perdieron a su mamá. De ellos, 153 tenían menos de 18 años cuando ocurrieron los crímenes. En 2016, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes intervino en 29.839 casos registrados en la capital federal, de los cuales la mitad estuvo relacionado con situaciones de violencia y, de ellos, el 25 por ciento fueron graves.
Además, el 40% del total de llamados recibidos en la línea telefónica gratuita 102 del Consejo, que funciona las 24 horas, correspondió a “alguna situación de maltrato físico, psicológico u otra forma de violencia sufrida por menores de 18 años”.
“Hay que abandonar la creencia que ubica a las situaciones de maltrato infanto-juvenil en la órbita privada de las familias; son actos que lesionan los derechos de los chicos y deben poner en alerta a toda la sociedad”, reflexionó Karina Leguizamón, titular del consejo.
El coordinador de la unidad técnica especializada en Maltrato Infanto-juvenil del Consejo, Mauro Pineli, explicó a Télam que es común que los chicos inmersos en situaciones de maltrato doméstico terminen “identificándose con la víctima o con el agresor”, porque esas experiencias “condicionan el modo en que los niños construyen su subjetividad”.
La violencia deja “huellas” y las secuelas pueden ir desde problemas para dormir, de aprendizaje y miedos hasta dificultades para relacionarse con sus pares, reacciones exageradas o, por el contrario, poca capacidad de autodefensa.
En los casos extremos, como los femicidios, además de perder a su madre, el padre “queda destituido de su función de padre” a los ojos de los niños.
María Eva Sanz, coordinadora del Grupo Buenos Ayres, dispositivo de rehabilitación para hombres violentos, declaró que “generalmente existe una gran distancia emocional entre los varones que cumplen al pie de la letra el mandato patriarcal, y sus hijos”.
“Papá empezó a matar a mamá y yo bajé corriendo por las escaleras”, contó en cámara Gesell el hijo de 9 años de Elke Yvars Beck, asesinada de 40 puñaladas en diciembre de 2015 por su ex marido, Claudio López Rossi.
Por ese femicidio la Justicia condenó este año a prisión perpetua a López Rossi y los psicólogos que declararon como testigos explicaron que los niños también “son victimas de la violencia de género” que sufren sus madres.
“Presencian la violencia entre sus padres o simplemente viven en un entorno donde las relaciones violentas y el abuso de poder -que justifica, legitima y desencadena la violencia- es parte de las relaciones afectivas y personales. Por eso, internalizan un modelo negativo de relación que daña su desarrollo”, argumentaron.
Este año, el Congreso convirtió en ley una modificación al Código Civil que establece que quedan privados de la responsabilidad parental quienes son condenados por delitos de violencia de género o que atenten contra la integridad sexual.
Hasta ahora, un hombre acusado de femicidio perdía la patria potestad recién cuando la condena estuviera firme y, a veces, ni siquiera en esa instancia, como por ejemplo en el caso emblemático de Rosana Galliano.
José Arce mandó a matar a su ex mujer, Galliano, en el 2008, con la ayuda de su madre, Elsa Aguilar, según dictaminó la Justicia. Los hijos de ambos, que entonces tenían 3 y 4 años, permanecieron viviendo junto a Arce, beneficiado con prisión domiciliaria, y con su abuela paterna, pese a los infructuosos intentos de la familia materna por conseguir la tenencia.
Los servicios de Protección de la Niñez de la Nación y de la provincia de Buenos Aires presentaron varios pedidos para que los niños fueran a vivir con los padres de Rosana, pero el juez de familia de San Isidro Carlos Ruiz nunca contestó, ni siquiera cuando la Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua para Arce y su madre.
“Se inscribe en el patriarcado que regula de manera invisible y naturaliza mitos y prejuicios a la hora de pensar el abordaje de lo familiar”, opinó Pineli.
Para la titular del Consejo Nacional de los Derechos de las Mujeres, Fabiana Túñez, “hay una mala interpretación de los derechos del niño: los jueces apuntan a que el niño no pierda la vinculación con el padre desde un desconocimiento absoluto de lo que significa convivir con un padre violento, que además mató a la madre”.
El Congreso viene dando pasos hacia un cambio cultural en materia de violencia de género. El Senado tiene previsto debatir un proyecto para que el Estado otorgue una reparación económica a hijos de víctimas de femicidio (ley Brisa), que incluye también una cobertura de salud integral.
Además, en junio último, la Cámara de Diputados convirtió en ley la creación de centros de protección a las víctimas de delitos, que deberán estar abiertos las 24 horas. Se estableció, además, que las víctimas podrán presenciar las declaraciones de testigos y serán notificadas de los beneficios que reciban los imputados o condenados por sus casos.